Estadísticas Penitenciarias en México

Estadísticas Penitenciarias

En el año de 1990, se realizó el primer censo nacional penitenciario, encargado por la Secretaría de Gobernación, a través de su área de Prevención y Readaptación Social. Yo era estudiante y por las tardes coadyuvé para el análisis estadístico y la representación gráfica de los resultados. El sistema carcelario ya era una bomba de tiempo y 22 años después parece que lo sigue siendo, pero con una mecha cada vez más corta. La semana pasada los hechos que llevaron a la pérdida de vidas de por lo menos 44 internos y la fuga de 30 peligrosos delincuentes en Apodaca Nuevo León lo confirman, en la cobertura noticiosa (http://www.eluniversal.com.mx/notas/831754.html por ejemplo) lo que se dice es que la complicidad de custodios facilitó la fuga y las muertes tuvieron que ver con el desorden y hacinamiento de dicho centro de readaptación. Hacinamiento, corrupción, escasa vigilancia, insuficiente personal, colusión de custodios, tráfico al interior, autogobiernos, insuficiente rehabilitación y atención de reos, escuelas de delincuencia en lugar de centros de readaptación social del reo. ¿Es algo nuevo?.

Aquí algunos datos de aquel primer censo nacional penitenciario, del cual no cuento con los datos originales, solo con algunos cuadros estadísticos que de ninguna forma constituyen violación a la protección de datos personales ni información confidencial o reservada.

En el levantamiento de información del año 1990, se contaba con una población de 93,348 internos, de los cuales 89,690 eran hombres y 3,658 mujeres. Las Entidades con mayor población penitenciaria eran el Distrito Federal con 10,529, Jalisco con 7,992, Veracruz con 6,609, Estado de México con 6,357 y Tamaulipas con 5,787. La colonia penal federal Islas Marías contaba con 2,266 reos.

Contextualizando habrá que decir que estaba en construcción el Penal de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez denominado posteriormente como La Palma, y el otro célebre Puente Grande en Jalisco no obstante el total de Centros penitenciarios en el País era de 425, compuesto por 164 cárceles municipales, 79 distritales y 8 regionales; 24 reclusorios preventivos, 3 femeniles y 128 regionales. Los Ceresos (Centros de Readaptación Social) sumaban 115, más tres femeniles. El número de penitenciarias era de seis y una colonia penal llamada Islas Marías.

Habiendo 93,343 Internos, la capacidad total del sistema penitenciario en el País era solamente de 72,329 esto quiere decir que ya en ese entonces sólo se contaba con un 77.5% de la capacidad requerida, o lo que es igual a que no había recursos, espacio, servicios, y consecuentemente sin posibilidades de readaptar socialmente al 22.5% de los internos en el País. Dato particular: el Estado de Nuevo León contaba con 3,010 reos a pesar de que su capacidad era sólo 2,868, no parece alarmante una sobrepoblación del 104.9%, comparada con la de todo el País,  particularizando aún más, resulta que en el CERESO de Apodaca que no tenía más de dos años construido su población era de 530 internos dentro de unas instalaciones para 1,536, es decir, su ocupación estaba sólo al 34.5%, habría que buscar más datos para explicar la sobrepoblación posterior.

Infraestructura para la readaptación social

En el año que se hizo el levantamiento de información las áreas con que se contaba a nivel nacional en los 425 centros eran las siguientes: Talleres laborales 126, Aulas educativas 132, bibliotecas 107, Auditorios 28, gimnasios 29 y canchas 173. En cuanto a áreas de visita, se registraron 91 locutorios, 91 áreas de visita familiar, 182 de visita íntima. De las Áreas Médicas, se registraron 122 enfermerías, 57 de hospitalización y cinco quirófanos. Sólo dos áreas interiores para preliberados y 10 áreas exteriores. Tomando en cuenta el total de internos, pueden hacerse las siguientes inferencias:

Existe un taller laboral por cada 598 internos, una aula para cada 707, una biblioteca para cada 872, un gimnasio para cada 3,218, un área de visita íntima por cada 512 reos, una enfermería para cada 848, un quirófano para cada 18,669 y un área exterior para preliberados por cada 9,344.

Personal que labora en los centros penitenciarios

Va un registro cuantitativo: para 1990 laboraban en todo el País 12,613 personas, de las cuales 8,564 eran de seguridad, 847 en áreas médicas, 927 en áreas técnicas y 1,415 administrativos, 281 jurídicos y 579 directivos, sí para 423 centros penitenciarios, existían 579 directivos, había centros como el de Apodaca que contaban con cinco directivos y muchas cárceles distritales sin médicos, ni personal de seguridad, Apodaca contaba con igual número de directivos que las Islas Marías o que todo el estado de Quintana Roo. Pero una persona de seguridad para cada 11 reos a nivel general, esto no quiere decir que este índice se mantuviera estable para todo el País.

Del personal técnico 138 son de área educativa, 273 de Psicología y 509 de trabajo social, de modo que en términos fríos cada educador tendría que atender a 676 internos y cada Psicólogo a 341 reos. El personal de criminología estaba compuesto por 60 personas de estas 17 en el D.F., 19 en Jalisco, 5 en Veracruz, cuatro en Apodaca y 1 en Islas Marías, Entidades Federativas como Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas no cuentan con personal de Criminología.

Los Servicios Médicos presentaron los siguientes números: Total nacional de camas: 432, esto es, prácticamente una cama por cada uno de los 423 centros penitenciarios, sin embargo tan sólo el D.F. concentraba 128 camas. El personal se contabilizó de la siguiente forma: 13 médicos internos, 163 externos y 275 pertenecientes al centro penitenciario, odontólogos solamente uno interno, 62 externos y 75 de los centros penitenciarios. Enfermeros 278, auxiliares 171 y Psiquiatras 40.

Y si los datos anteriores hablan de infraestructura y servicios, pasemos a los datos de los internos: sólo 53,048 internos participaban en actividades productivas, de los cuales 9,857 realizaban labores para la institución, otros 11,604 manufacturas, 30,600 artesanías, 767 actividades agrícolas y 220 crianza de animales.

El apoyo educativo se daba gracias a 141 maestros de los centros, 552 de otras instituciones y 752 que fungían como asesores internos. Casos como el Distrito Federal contaban sólo con 27 maestros  del propio centro. Si se retoma el dato de que  el D.F. contaba con 10,529 internos, a cada uno de esos profesores le tocaría dar clases a 390 reos.

En este orden de ideas, el nivel de estudios se presenta de la siguiente forma: 11,212 analfabetas, 2,663 saben leer y escribir, 28,221 con primaria incompleta, 19,080 primaria, 10,543 secundaria incompleta. 9,150 secundaria, 1,519 carrera técnica, 3,436 bachillerato incompleto, 2,445 bachillerato, 1,913 licenciatura incompleta, 1, 344 licenciatura, 53 posgrado, y 1,768 sin datos. En un rápido análisis con la variable género, se nota que la proporción de las mujeres analfabetas es superior que la de los hombres, pero así como la escolaridad de primaria incompleta se eleva en reos hombres, la escolaridad de las mujeres es más pareja entre las que tienen carrera técnica, bachillerato incompleto y bachillerato. Esta comparación ente géneros será materia de otro análisis.

Ya conociendo el nivel educativo de los reos, la siguiente estadística muestra su participación en programas escolares: alfabetización 4,103, Primaria 10,649, secundaria 5,687, carrera técnica 842 y bachillerato 917. El último año habían obtenido certificado 6,340, casi 4,000 de primaria y 2,000 de secundaria.

Sin afán de relacionar nivel educativo ni género con la autoría de los delitos, se encontró que en hombres el 70% fueron autores tanto intelectuales como materiales, 10% materiales y 0.65 sólo intelectuales, en mujeres el 68% fueron autores intelectuales y materiales, pero 16% sólo materiales, y 1.48% intelectuales, es decir, las mujeres incurren más en autoría material que los hombres, delitos que ellas no planearon, pero ejecutaron.

Los grupos de delitos más frecuentes eran en primer lugar contra el patrimonio de las personas, segundo contra la salud, tercero contra la vida, cuarto sexuales y quinto contra la seguridad pública, cabe mencionar que para efectos de preliberación, se excluía a los delincuentes asesinos y narcotraficantes, es decir, aquellos presos por delitos contra la vida y contra la salud. En estos dos grupos de delitos se hallaban 46,966 reos, estos no pueden reducir su pena ni con buena conducta, la pregunta entonces sería ¿cómo motivar su readaptación y reinserción a la sociedad cuando es probable que no les alcance la esperanza de vida para volver a la libertad? o ¿intentar a como dé lugar un vía alterna/corrupta para evadirse?. Yo no tengo las respuestas.

Y ¿cómo funciona la readaptación? Si el 79.1% de los hombres internos y el 89.0% de las mujeres son primodelincuentes, es decir, se encuentran presos por un primer delito. De los hombres el 10.2% son reincidentes, las mujeres el 4.1%, y como si fuera un “exitosa” carrera, un 4.0% de los hombres son multireincidentes, igual que el 1.4% de las mujeres, es decir, aquellos que más de dos veces han sido devueltos a la sociedad por cumplir su condena y recapturados por volver a cometer delitos. Al menos para el 30% de los hombres y el 20% de las mujeres el modelo de readaptación social no estaba funcionando.

Cómo se espera que se dé la readaptación si sólo 42,290 de los reos hombres y 1,398 de las internas cometieron en solitario el delito, 36,993 hombres y 1,876 mujeres fueron coacusados (los restantes se encontraron en la categoría sin datos para esta variable), esto quiere decir que en caso de ser liberado para su reinserción a la sociedad, casi la mitad de los reos se reencontrarán con quienes fueron sus cómplices o por lo menos a las mismas circunstancias que los llevaron a cometer el delito.

Finalmente el dato porque se dice que este censo no se publicó hace 20 años: de los 93,343 internos, 37,820 se encontraban en la categoría de sentenciados, los restantes 37,820 en calidad de procesados, es decir, aquellos que están esperando que un juez atienda su caso, no pesa pena alguna sobre ellos, pero llevan tiempo privados de la libertad, un caso hipotético, pero posible, podría ser aquel campesino que comete un robo menor, como acusado es puesto tras las rejas y ahí permanece un par de años esperando que un juez le dicte sentencia, que probablemente no ascenderá ni a un mes de prisión.

Todos los datos anteriores reflejan lo que sucedía hace dos décadas en el tema de readaptación social, la tarea importante de prevención, definitivamente brilla por su ausencia, los datos ahí están, si alguien desea los cuadros estadísticos para inferencias por género, por edad, por entidad federativa, deje un comentario en este blog.

Igualmente los comentarios serán bienvenidos, las conclusiones y lecciones son muchas más de las que dejo aquí entrever.